(Nota escrita octubre 2019 y actualizada 2020)
Desde hace tiempo es noticia las dificultades que está pasando la mediación en diferentes provincias argentinas.
Hace no mucho en Santa Fé con una reglamentación que implicaba retrocesos, luego la Provincia de Buenos Aires con el escaso reconocimiento de los honorarios de los mediadores o el intento de suplantar la mediación familiar por otras figuras como el consejero familiar, luego en Tucuman con una reforma procesal que implicaría un retroceso en el tema. En la provincia del Chubut con la disolución del equipo de mediación Escolar… y la lista puede continuar…
En el Chaco, en el Código Procesal de Niñez Adolescencia y Familia se asestó un nuevo golpe a la ley de Mediación Familiar Prejudicial Obligatoria que desde hace 10 años espera ser puesta en plena vigencia al establecerse que la etapa prejudicial puede cumplirse en defensoría o en mediación (como si ambas intervenciones fueran similares) . La ley de Mediación Educativa –primera del país- desde el año 2006 se dejó de aplicar por “decisión política” de la gestión de esa época y pocas voces se alzaron pese que la ley había sido aprobada por unanimidad.
Hace unos días desafortunadas declaraciones en una provincia Argentina que ya tuvieron su correspondiente aclaración.
Vemos en ciertos las reticencias de ciertos sectores a acudir a la mediación prejudicial considerándola un «trámite más» y un nuevo «gasto» para acceder a LA justicia.
Pareciera que existe cierta dificultad en avanzar, sosteniéndose aquellas instancias con financiamiento o dependencia estatal- aunque sujetas a los vaivenes del funcionario de turno en cada jurisdicción.
La mediación privada, por su parte, requiere grandes esfuerzos de los mediadores para mantenerla en ciertos lugares. En este camino centros privados se abren y cierran con frecuencia. Recursos humanos altamente formados desisten del camino.
Y estas cuestiones parecen repetirse al conversar con colegas de otros países.
También es cierto que día a día encontramos avances en mediación comunitaria y nuevos campos de extensión con experiencias en materia penitenciaria, policial, etc.
Este año, con la pandemia se ha dado la oportunidad de pensar el aporte de los MARCs como formas de acceso a Justicia, aunque en algunos lugares aún faltan reglamentar y desde otras instancias, la demora de más de 180 días en designar las autoridades nacionales ha generado dificultades en el tema durante 2020.
Pareciera que existe un doble discurso: el público, que sostenemos en los eventos donde los proyectos parecen funcionar sin dificultades y hablamos de proyectos «exitosos» , y uno privado, el del café o la charla donde se reconocen las trabas y hasta en ocasiones se manifiesta la sensación de cansancio y soledad.
No se trata de una mirada negativa… quizá sea tiempo de plantear nuestra realidad reconociendo los logros que tuvimos y también las nubes que aparecen en el camino con las las dificultades y los desafíos que se nos plantean en el área.
Frente a esto cabe la pregunta…¿Estamos retrocediendo en la materia? ¿Qué debemos hacer para consolidar los logros?
¿Qué opinan colegas?
